SANTO DOMINGO. – El vocero de los regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, profesor Franklin Ferreras, rechazó el Decreto 312-25, mediante el cual el Poder Ejecutivo declara el Distrito Nacional en estado de emergencia sin consultar ni informar al Concejo de Regidores.
Ferreras aseguró que esta medida no resuelve los problemas de la capital, sino que reconoce el fracaso del PRM en su gestión y atropella la autonomía municipal.
“La ciudad merece planificación, respeto institucional y soluciones reales, no más improvisaciones ni atropellos”, afirmó.
El regidor explicó que el decreto vulnera la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, y los principios de autonomía, transparencia y legalidad establecidos en la Constitución.
Recordó que el artículo 19(a) y el 52 de la Ley 176-07 atribuyen al Ayuntamiento y al Concejo de Regidores la planificación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos, por lo que declarar la emergencia sin su participación es inconstitucional.
Asimismo, subrayó que, según el artículo 21 de la misma norma, el presupuesto municipal debe alinearse con los planes de desarrollo municipales y no puede alterarse sin el concurso deliberativo del Concejo. Debido a que la declaratoria implica modificaciones contractuales y presupuestarias, Ferreras advirtió que adoptar el decreto sin consulta usurpa funciones legislativas y socava el modelo democrático de gestión territorial.
El vocero cuestionó la justificación del decreto: el informe técnico que respalda la emergencia fue emitido cinco días después de su promulgación, y ni el Ministerio de Salud Pública, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ni la alcaldía habían emitido alerta alguna. “Se decreta primero y se justifica después; no hay alerta sanitaria ni notificación pública previa”, denunció.
Ferreras también puso en guardia sobre el uso del estado de emergencia para contrataciones excepcionales sin supervisión, lo cual, dijo, facilita la discrecionalidad y la corrupción. Citó el artículo 6 de la Ley 340-06, que exige motivación y bases técnicas para emergencias, y lamentó que este requisito no se haya cumplido ni socializado.
Finalmente, recordó que la Constitución, en su artículo 204, promueve la descentralización y el fortalecimiento del poder local. “Tomar decisiones trascendentales sobre el Distrito Nacional sin consultar al órgano legislativo municipal atenta contra la arquitectura constitucional y reduce al Ayuntamiento a un mero ejecutor”, concluyó.
Ferreras exigió la inmediata convocatoria del Concejo de Regidores para evaluar el alcance y las implicaciones reales del decreto, y solicitó al PRM respeto institucional, participación de los gobiernos locales y total transparencia en los procesos de compras y contrataciones.
